La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), promulgada por el Congreso de los Estados Unidos el 1 de enero de 2021, forma parte de una serie de medidas que pretenden prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal y otras actividades ilícitas mediante el establecimiento de un marco normativo para la declaración y divulgación de la titularidad efectiva de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades similares en Estados Unidos.
La CTA está diseñada para revelar la identidad de los «beneficiarios finales» de las sociedades comerciales anónimas, y así mitigar las consecuencias negativas de las actividades ilícitas. Para ello, el Secretario del Tesoro ha delegado en el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) la autoridad para aplicar, administrar y hacer cumplir la Ley de Secreto Bancario y las normativas asociadas.
La CTA define a un «beneficiario final» como cualquier individuo que, directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de otra manera: ejerce un control sustancial sobre la entidad; o posea o controle al menos el 25 por ciento de las participaciones de la entidad.
La definición de beneficiario final excluye a los hijos menores de edad; a las personas que actúan como intermediarios o agentes; a los empleados cuyo control o beneficios económicos se derivan únicamente de la relación laboral; a las personas que se convierten en beneficiarios a través de un derecho de sucesión; y a determinados acreedores.
Otro concepto clave de la CTA es el de «empresa declarante». El término «empresa declarante» significa una sociedad anónima (corporation), una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) u otra entidad similar (LLP, Partnerships, Business Trusts) que sea: creada mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado; o constituida bajo la ley de un país extranjero y registrada para hacer negocios en los Estados Unidos. Cada empresa declarante deberá presentar a la FinCEN un informe que contenga la siguiente información sobre el beneficiario final:
a) nombre legal completo
b) fecha de nacimiento
c) dirección (comercial o residencial)
d) documento de identificación aceptable (documento de identidad estadounidense válido, pasaporte extranjero), o número de identificador único FinCEN.
Esta información será confidencial y no deberá ser divulgada. Las divulgaciones permitidas incluyen aquellas basadas en la recepción de una solicitud de las agencias federales; o de las fuerzas del orden estatales o locales, si un tribunal les ha autorizado a solicitar la información en una investigación penal o civil. Las autoridades extranjeras también pueden solicitar la divulgación de información sobre la titularidad efectiva a través de los mecanismos correspondientes.
La CTA exime a varias entidades de los requisitos de información, como las empresas que emplean a más de 20 personas, declaran ingresos de más de 5 millones de dólares en las declaraciones de impuestos y tienen presencia física en Estados Unidos; la mayoría de las instituciones de servicios financieros, incluidas las empresas de inversión, los emisores de valores, las compañías de seguros, los bancos y las cooperativas de crédito; y otras organizaciones, como las benéficas, religiosas y educativas, entre otras.
Las infracciones por incumplimiento intencionado de estos requisitos de información pueden acarrear sanciones civiles de hasta 500 dólares por cada día que dure la infracción y multas penales de hasta 10.000 dólares y/o penas de prisión de hasta dos años.
Las normas y el formato de presentación de informes ya se encuentran disponibles y en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Las empresas deben conocer los requisitos de información y las consecuencias de su incumplimiento. Desde East Patagonia estaremos encantados de asistirlos en la gestión de este proceso.